LEX ABOGACIA OBTIENE PARA SU CLIENTE UNA INDEMNIZACIÓN DE CASI 90.000 EUROS POR NO TRATAR DURANTE DOS AÑOS UN VIRUS.
El paciente acudió a Lex Abogacía tras haber permanecido durante casi dos años sin ningún tipo de tratamiento, información ni control por parte de los servicios sanitarios sobre el Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que padecía. El paciente se realizó análisis puesto que sospechaba que podía ser portador del VIH. Una analítica de control y el informe de confirmación establecieron desde comienzos de 2011 y sin género de dudas que era portador de VIH, pese a lo cual no se adoptaron medidas de ninguna clase, al no informar los facultativos sobre el hallazgo patológico en ningún momento y trasladar verbalmente que el resultado de los análisis era negativo. Los riesgos y daños que esa situación originaron fueron reconocidos a lo largo del proceso de reclamación patrimonial, abonándose la indemnización reclamada por nuestro Despacho y que compensa el daño emocional, dado que la situación física de nuestro cliente afortunadamente es buena en la actualidad.
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VÍCTIMAS DE ERRORES MÉDICOS: NOTICIA DIARIO LEON
Dos familias de León clientes de LEX ABOGACIA presentan sendas reclamaciones contra Sacyl por responsabilidad patrimonial. Los juzgados de León tramitan actualmente 300 casos por denuncias sanitarias, nueve de ellas por presuntas negligencias médicas, de las que seis se gestionan por vía penal, según los datos del Decanato. Dos familias relatan a Diario de León cuentan las consecuencias de los presuntos errores médicos. Esther Fernández sufre una hemiplejia por un derrame cerebral no diagnosticado. A Norma Aída Acosta le dijeron que la habían operado de una hernia, una falsa intervención con anestesia general incluida. Adjuntamos la última intervención de Don Javier de la Peña Prado, director de LEX ABOGACIA. http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/victimas-errores-medicos_870140.html
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ANTEPROYECTO DE LEY DE MUTAS: SU INFLUENCIA EN LOS TRABAJADORES: ENTREVISTA RADIO
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de mutuas, por el que se concederá a estas entidades una mayor capacidad de intervención en las bajas médicas por enfermedad común con el objetivo de reducir el absentismo laboral injustificado. Así, la mutua podrá formular, como ocurre actualmente, una propuesta de alta médica “motivada”. Su propuesta será enviada entonces al médico del Servicio Público de Salud que emitió el parte de baja a través de los servicios de Inspección del Servicio Público de Salud correspondiente, que dispondrán de un plazo de cinco días desde la recepción de la propuesta de alta para comunicar a la mutua si la estima o la rechaza. Otro de los objetivos de la ley de mutuas será el de facilitar el cobro de la prestación por cese de actividad de los autónomos, prestación que gestionan las mutuas, debido a que se deniegan muchas de las solicitudes que efectúan los trabajadores por cuenta propia (en 2012 el 80% de las solicitudes fueron rechazadas). En este sentido, se simplificarán los trámites administrativos, con requisitos más realistas para acceder a la prestación. Según resalta el Ministerio, una de las principales novedades es que si en la fecha del cese de la actividad el trabajador no está al corriente en el pago de cuotas a la Seguridad Social, el órgano gestor le dará un plazo adicional de 30 días para que ingrese las cuotas debidas y no pierda la prestación. Vieja reivindicación empresarial, la futura ley aún puede sufrir cambios la próxima semana cuando se analice en el Consejo Económico y Social. Ha recibido muchas críticas desde sectores de trabajadores tal y como se desarrolla en la entrevista a Isabel Bonilla Sanchez, abogada de LEX ABOGACIA, cuyo enlace adjuntamos. http://www.aquienvalladolid.com/radio/el-anteproyecto-de-ley-de-las-mutuas-y-su-influencia-en-los-trabajadores-lex-abogados/
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PUBLICACIÓN ARTICULO REVISTA FORO INTERNACIONAL DE DERECHO PRACTICO FORJIB: EUTANASIA: BREVE ESTUDIO COMPARADO.
La medicina es uno de los mayores logros de la humanidad. En su desarrollo ha conseguido erradicar y curar enfermedades, aumentar la calidad de vida y retrasar la inexorable muerte. Sin embargo el progreso de la sociedad nos plantea nuevos retos respecto a la difícil combinación que forma el binomio ética y derecho respecto a la espinosa decisión de poner término a la existencia de otro ser humano. Si a esta ecuación ya de por sí compleja le añadimos como telón de fondo una de las características mayoritariamente intrínsecas en todo acto médico, como es el terreno de la ambigüedad, (pensemos que en cada acto clínico entran en juego numerosas variables que lamentablemente están fuera del alcance de los galenos), tendremos indudablemente un caldo de cultivo perfecto para el debate, pues si bien los médicos aceptan como inherente la concurrencia de esta indeterminación como una característica propia de su quehacer diario, el problema surge cuando otros, empezando por el propio enfermo y terminando por los tribunales de justicia, pueden legítimamente cuestionarse tales extremos. http://www.forjib.org/la-eutanasia-breve-estudio-comparado
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PÉRDIDA DE DERECHOS SANITARIOS POR NO COTIZAR: ENTREVISTA RADIO
Definitivamente el Boletín Oficial del Estado del pasado 26 de diciembre incorporó una disposición adicional, la sexagésima quinta, al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que limita la asistencia sanitaria a aquellos españoles que salgan al extranjero durante más de 90 días y estén en situación de desempleo. Según esta nueva normativa, “a efectos del mantenimiento del derecho de las prestaciones de la Seguridad Social, incluido los complementos mínimos […] se exigirá la residencia en territorio español”, algo que se perderá automáticamente cuando la persona esté más de 90 días fuera de territorio español “a lo largo de un año natural”. Estas dos modificaciones, el concepto de “residir en España” y su vinculación al “derecho a la asistencia sanitaria”, son las que dejará sin cobertura a aquellos que perdiesen la residencia al pasar más de tres meses fuera del país. La normativa entró en vigor el 1 de enero. Adjuntamos la entrevista que desde Aquí en Valladolid Radio se efectuó al letrado Gabriel González Tirado, Subdirector del despacho LEX ABOGACIA. http://www.aquienvalladolid.com/radio/perdida-de-derechos-sanitarios-por-cotizar-2/
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INDEMNIZACIÓN DE 32.000 EUROS POR DAÑOS EN UN ACTO MÉDICO APARENTEMENTE INOCUO O POCO RELEVANTE
Lex Abogacía planteó una reclamación de responsabilidad patrimonial en vía administrativa por el caso de un cliente que sufrió lesiones en un brazo tras un acto de enfermería, consistente en el suministro de medicación por vía intravenosa. El personal sanitario no guardó las medidas de asepsia adecuadas y se originó un proceso infeccioso que originó un prolongado periodo de baja y problemas de movilidad. Lex Abogacía puso de manifiesto que el paciente no había sido adecuadamente informado de ese riesgo, que la zona donde se inyectó el medicamento no había sido previamente desinfectada y que se tardó más tiempo del adecuado en tratar la lesión. La Inspección Médica reconoció la mala praxis y, finalmente, se indemnizó al cliente en la cantidad de 32.000 Euros.
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EL CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA UNA CIRUGÍA CONCRETA NO SIRVE PARA UNA CIRUGÍA POSTERIOR DIFERENTE: INDEMNIZACIÓN DE 114.000 EUROS
Lex Abogacía ha cerrado un acuerdo indemnizatorio de 114.000 Euros tras presentar la correspondiente reclamación de responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de los servicios sanitarios públcios. El proceso de reclamación se inició fundamentalmente porque nuestra cliente sufrió daños en las extremidades tras someterse a una operación de hernia discal. La paciente autorizó una primera intervención pero durante la intervención, el cirujano optó unilateralmente por realizar en el mismo acto una ampliación de la primera intervención, para lo que nuestra cliente no había sido informada ni había prestado su consentimiento. Tras el operatorio, la situación clínica de la paciente había empeorado y sufrido un empeoramiento significativo de su estado previo, como reconoció la Inspección Médica que censuró el hecho de que se reinterviniera “in situ”, sustituyendo el médico interviniente la voluntad de la paciente para decidir si ésta quería o no asumir esa segunda cirugía, con sus propios riesgos, complicaciones, alternativas terapéuticas, etc. Esas circunstancias llevaron a que la Administración Sanitaria reconociera la existencia de responsabilidad por un mal funcionamiento de los servicios sanitarios y se haya indemnizado en vía administrativa, evitándose así el proceso judicial.
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DERECHO A INDEMNIZACIÓN POR PERIODOS DE ESPERA INACEPTABLES
Como otros tantos aspectos de la sanidad pública, las listas de espera se han visto seriamente afectadas por la crisis económica. Somos testigos del desequilibrio que hay entre oferta y demanda en el sistema ya que la provisión de servicios sanitarios se realiza a través de la administración pública con universalidad y gratuidad. Se ha provocado un vertiginoso aumento de los plazos para ser intervenido y de la bolsa de pacientes en espera, en parte provocado por la reducción de los conciertos con la sanidad privada. Por lo tanto, se percibe con claridad que las listas de espera son, por ende, uno de los grandes retos de nuestro sistema de salud. El resultado inevitable de todo ello es la insatisfacción entre los usuarios cuando se producen serios atascos que sacan a relucir los principales cuellos de botella de índole organizativo. Hay un dato particularmente indicativo del deterioro progresivo de esta situación, que no es otro que la cifra de ciudadanos que llevan más de seis meses esperando para pasar por el quirófano. En este sentido, es interesante sacar a relucir el caso de un hombre que en vista de los plazos que le daba el Hospital para operarse, y sobre todo movido por la gravedad del asunto decidió acudir a la asistencia sanitaria privada. Pasaron casi siete meses de riesgo de muerte súbita sin que la sanidad pública hubiese tomado una decisión sobre la operación. Por ello, tras ser operado decidió dar comienzo a un proceso de reclamaciones porque entendía que debía recibir una indemnización desde el sistema público por una urgencia vital en su enfermedad que no fue atendida. A día de hoy le han dado la razón. El resultado de tal victoria se materializa en una indemnización que engloba tanto el coste económico de la operación en la clínica privada como los intereses legales desde la primera reclamación en vía administrativa. En estos momentos está previsto que un nuevo Real Decreto establezca prioridades y unifique los criterios clínicos que las comunidades autónomas deben seguir, pero mientras sistemas de priorización de pacientes en espera como el presentado por el Catsalut para cirugía programada, es un paso en la dirección correcta pues se asignan criterios y pesos comunes. En conclusión, la existencia de listas de espera de meses e incluso años significa la pérdida de la efectividad del derecho a la protección de la salud, poniendo las demoras en peligro la vida y agravando las situaciones clínicas. Para frenar este problema y reducir el alto muro de opacidad que le rodea, se precisa de: un sistema de información sobre las listas de espera y garantías legales que sea de fácil acceso, público, transparente y comparable; registros centralizados en todos los casos; agendas cerradas y el establecimiento de tiempos máximos creíbles y garantizados.
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