Como otros tantos aspectos de la sanidad pública, las listas de espera se han visto seriamente afectadas por la crisis económica. Somos testigos del desequilibrio que hay entre oferta y demanda en el sistema ya que la provisión de servicios sanitarios se realiza a través de la administración pública con universalidad y gratuidad.
Se ha provocado un vertiginoso aumento de los plazos para ser intervenido y de la bolsa de pacientes en espera, en parte provocado por la reducción de los conciertos con la sanidad privada. Por lo tanto, se percibe con claridad que las listas de espera son, por ende, uno de los grandes retos de nuestro sistema de salud.
El resultado inevitable de todo ello es la insatisfacción entre los usuarios cuando se producen serios atascos que sacan a relucir los principales cuellos de botella de índole organizativo.
Hay un dato particularmente indicativo del deterioro progresivo de esta situación, que no es otro que la cifra de ciudadanos que llevan más de seis meses esperando para pasar por el quirófano. En este sentido, es interesante sacar a relucir el caso de un hombre que en vista de los plazos que le daba el Hospital para operarse, y sobre todo movido por la gravedad del asunto decidió acudir a la asistencia sanitaria privada.
Pasaron casi siete meses de riesgo de muerte súbita sin que la sanidad pública hubiese tomado una decisión sobre la operación. Por ello, tras ser operado decidió dar comienzo a un proceso de reclamaciones porque entendía que debía recibir una indemnización desde el sistema público por una urgencia vital en su enfermedad que no fue atendida.
A día de hoy le han dado la razón. El resultado de tal victoria se materializa en una indemnización que engloba tanto el coste económico de la operación en la clínica privada como los intereses legales desde la primera reclamación en vía administrativa.
En estos momentos está previsto que un nuevo Real Decreto establezca prioridades y unifique los criterios clínicos que las comunidades autónomas deben seguir, pero mientras sistemas de priorización de pacientes en espera como el presentado por el Catsalut para cirugía programada, es un paso en la dirección correcta pues se asignan criterios y pesos comunes.
En conclusión, la existencia de listas de espera de meses e incluso años significa la pérdida de la efectividad del derecho a la protección de la salud, poniendo las demoras en peligro la vida y agravando las situaciones clínicas.
Para frenar este problema y reducir el alto muro de opacidad que le rodea, se precisa de: un sistema de información sobre las listas de espera y garantías legales que sea de fácil acceso, público, transparente y comparable; registros centralizados en todos los casos; agendas cerradas y el establecimiento de tiempos máximos creíbles y garantizados.
