El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de mutuas, por el que se concederá a estas entidades una mayor capacidad de intervención en las bajas médicas por enfermedad común con el objetivo de reducir el absentismo laboral injustificado.
Así, la mutua podrá formular, como ocurre actualmente, una propuesta de alta médica “motivada”. Su propuesta será enviada entonces al médico del Servicio Público de Salud que emitió el parte de baja a través de los servicios de Inspección del Servicio Público de Salud correspondiente, que dispondrán de un plazo de cinco días desde la recepción de la propuesta de alta para comunicar a la mutua si la estima o la rechaza.
Otro de los objetivos de la ley de mutuas será el de facilitar el cobro de la prestación por cese de actividad de los autónomos, prestación que gestionan las mutuas, debido a que se deniegan muchas de las solicitudes que efectúan los trabajadores por cuenta propia (en 2012 el 80% de las solicitudes fueron rechazadas).
En este sentido, se simplificarán los trámites administrativos, con requisitos más realistas para acceder a la prestación. Según resalta el Ministerio, una de las principales novedades es que si en la fecha del cese de la actividad el trabajador no está al corriente en el pago de cuotas a la Seguridad Social, el órgano gestor le dará un plazo adicional de 30 días para que ingrese las cuotas debidas y no pierda la prestación.
Vieja reivindicación empresarial, la futura ley aún puede sufrir cambios la próxima semana cuando se analice en el Consejo Económico y Social. Ha recibido muchas críticas desde sectores de trabajadores tal y como se desarrolla en la entrevista a Isabel Bonilla Sanchez, abogada de LEX ABOGACIA, cuyo enlace adjuntamos.
