La demanda frente a la Administración sanitaria se presentó por diferentes motivos que, como demostramos en la demanda a través de diferentes pruebas periciales de especialistas y, constituyeron una actuación negligente por parte de los servicios sanitarios en la atención prestada a nuestra cliente:

En primer lugar, a pesar de los diferentes síntomas y signos que hacían pensar en una meningitis herpética (disminución del nivel de consciencia, crisis epilépticas…), los facultativos de Urgencias no sospecharon de esa patología, como tampoco los especialistas de Medicina Interna, que no realizaron pruebas específicas tendentes a descartarla, infringiendo así los Manuales de Urgencias y Guías Clínicas.

En el propio hospital la paciente presentó disartria y dificultad de comprensión; ambos son signos de confusión mental, y que, por tanto, debieron hacer reconsiderar el diagnóstico. La atención médica en este momento se prestó exclusivamente por un MIR de segundo año que no dio aviso al médico adjunto superior, sino que decidió mantener conducta expectante, sin ser consciente de las nefastas consecuencias que tal actuación podía tener.

Hasta ese momento y en las horas posteriores no se consultó con ningún especialista en Neurología, pese a que había signos claros de déficit neurológico. Desgraciadamente no actuó un neurólogo en el caso que nos ocupa hasta 36 horas después del ingreso hospitalario y con todo el cortejo y episodios patológicos que se fueron sucediendo. De forma inmediata, el neurólogo puso tratamiento (Aciclovir) pero no se pudieron evitar daños y secuelas relevantes que condicionan actualmente la vida de la paciente, tales como una discapacidad del sistema nervioso y muscular y un trastorno cognitivo.

La resolución administrativa desestimó totalmente nuestra reclamación, por lo que Lex Abogacía inició el oportuno proceso judicial, en el seno del cual se ha acordado una indemnización de 225.000 Euros para nuestra cliente, que servirá para ayudar a paliar los daños sufridos. Un ejemplo más de que, en ocasiones, la Administración Sanitaria desestima injustificadamente legítimas pretensiones y sólo acudiendo a la Justicia con abogados y médicos especialistas se consigue una compensación por la mala praxis médica sufrida.