LEX ABOGACIA mostró desde antes de su entrada en vigor su oposición frontal a las llamada Ley de “tasas judiciales”.
Todos los colectivos que trabajamos en la Administración de Justicia (Jueces, Fiscales, Personal de Justicia, Abogados, Procuradores…) mostramos al anterior ministro de Justicia (Sr. Gallardón) nuestras profundas discrepancias con un modelo de recaudación que pretendía resolver el retraso y mal funcionamiento de las causas judiciales mediante la recaudación de millones de euros. Esa finalidad realmente dificultaba el acceso a los Tribunales al ciudadano medio y, lo que es más grave, sin hacer verdaderas inversiones en medios materiales y humanos que sí son necesarias para optimizar y mejorar el trabajo de los Juzgados y Tribunales.
Lograr un objetivo legítimo y compartido por todos (una Justicia ágil, moderna y efectiva del siglo XXI) no se puede hacer a costa de que las personas de este país que reclaman justicia deban sumar a los costes normales de un proceso, una cantidad adicional que sólo sirve en plena crisis para que el Estado tenga millonarios ingresos procedentes de la Justicia. En nuestra opinión la Justicia no está para eso, sino para dar respuesta a situaciones complejas y difíciles en un plazo razonable.
Las tasas judiciales son, seguramente, una minucia y un pequeñísimo sacrificio para las Aseguradoras, para los Bancos, y para las grandes corporaciones empresariales (la Administración está exenta de pago), pero se constituye en una relevante carga para la persona normal y corriente que acude a pedir Justicia porque no le queda más remedio.
El nuevo ministro de Justicia (Sr. Catalá) se comprometió a una revisión profunda del sistema actual de tasas, apostando por una reducción de la cuantía de las mismas. Sin embargo, a día de hoy y tras haber pasado varios meses desde que ejerce su cargo, la realidad es que las tasas siguen igual y, como bien señaló Gabriel González Tirado, Subdirector de Lex Abogacía, esto implica que “haya una justicia para ricos y una justicia para pobres”.
Pese a todo, desde Lex Abogacía comprobamos día a día que las reclamaciones por negligencias médicas, si se realizan desde el trabajo riguroso y especializado de profesionales del Derecho y la Medicina, se reconocen en un alto porcentaje de casos a favor de los pacientes.
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