Nuestra cliente, de 78 años de edad cuando ocurrieron estos hechos, presentó dolor en la cadera derecha por el que acudió un centro hospitalario privado de Madrid, siendo en allí diagnostica de fractura de cadera derecha. Se decidió el ingreso de la paciente con la finalidad de someterle a una intervención quirúrgica por parte del servicio de traumatología.
Durante el postoperatorio, la paciente se manifestó una clínica pérdida de fuerza y sensibilidad de miembros inferiores pero no se hizo nada al respecto, más allá de pautar analgesia, considerando que se trataba de una situación normal.
Dos días después de la cirugía y ante la falta de mejoría de nuestra cliente, se realizó una resonancia magnética que informó de una hemorragia intramedular, por lo que se indicó tratamiento corticoideo. Horas después, el mismo día, se decidió realizar una laminectomía lumbar y drenaje del hematoma con la intención de descomprimir la médula a cargo del equipo de neurocirugía.
Debido al evidente retraso en realizar la cirugía descompresiva, la paciente presenta actualmente una situación de completa dependencia para las actividades básicas de su vida diaria, con paraplejia de miembros inferiores, precisando de sonda vesical permanente.
La asistencia médica fue sometida a estudio y valoración por nuestros peritos colaborares, en concreto un especialista en neurología que concluyó que ante el cuadro clínico de la paciente estaba indicado realizar una resonancia magnética medular urgente para descartar una compresión y tomar las medidas adecuadas.
En este caso se cumplían los criterios de realización de una resonancia magnética medular urgente: progresión aguda de la clínica y el condicionante terapéutico, es decir, el resultado de la prueba determinará el manejo terapéutico en las primeras horas. Una actuación contraria, produce un daño neurológico irreversible como el que se originó a la paciente.
Tras acceder a la póliza de responsabilidad profesional del hospital, iniciamos una negociación extrajudicial con el objetivo de evitar un proceso judicial y conseguir una indemnización para nuestra cliente en el menor tiempo posible.
Finalmente, la compañía aseguradora reconoció la existencia de negligencia médica e indemnizó a nuestra cliente con 250.000 euros que esperamos que sirvan para mejorar su calidad de vida y recibir el mejor tratamiento posible.
