LEX Abogacía tuvo la oportunidad de asistir el pasado 6 de marzo al foro de sanidad y derecho sobre “Negligencias médicas y la responsabilidad Sanitaria en los medios de comunicación”, en el Hospital Universitario de la Paz.
En esta sesión se abordó el siempre espinoso debate respecto a la ponderación de potenciales conflictos entre diversos derechos fundamentales que pueden verse afectados a la hora de tratar, en la sociedad de la información, casos sobre negligencias médicas.
¿Qué debe prevalecer, el derecho a la información de los ciudadanos o el derecho a la intimidad de un paciente?, ¿Predomina el derecho al honor del personal sanitario implicado como presuntos responsable de una negligencia médica? Y lo más importante, ¿qué medidas deben ser tomadas por parte de los medios de comunicación para no dañar los derechos de unos y otros?.
No cabe duda de que todo periodista tiene como regla de oro el deber de contrastar las fuentes e informaciones que publican, pero no son pocas las ocasiones en las que los centros sanitarios se blindan y no facilitan información sobre los asuntos más conflictivos. Amparándose en la Ley de protección de datos, muchas veces subyace una voluntad obstativa a la hora de reconocer un error, ello provoca que los medios de comunicación se encuentren en la disyuntiva de dar una noticia en la que únicamente conocen una versión de los hechos. En cualquier caso, resulta imprescindible recordar que la consideración definitiva respecto a la existencia de una negligencia médica o no, únicamente podrá venir dada por sentencia judicial o resolución administrativa expresa que así lo reconozca, por lo que mientras éstas no lleguen, tan sólo se puede hablar en términos de presunciones.
Lejos de tratarse de una cuestión baladí, esta problemática tiene una serie de importantes consecuencias, pues cabe preguntarse si es aceptable que sólo hasta que un órgano judicial o administrativo no se pronuncie expresamente al respecto se deben publicar noticias sobre negligencias médicas para evitar que proliferen juicios públicos paralelos.
Sin poder establecer una conclusión dogmática al respecto, pues hay que analizar caso por caso todos y cada uno de los intereses en liza, desde nuestro despacho entendemos que en ocasiones los medios de comunicación se erigen como el único altavoz que tienen los pacientes para reclamar atención en su caso, pensemos en el enorme desequilibrio existente entre el paciente y las grandes compañías aseguradoras, así como su evidente posición de debilidad respecto a la en ocasiones, fría maquinaria administrativa.
Pues bien, la presión que ejercen los medios de comunicación y la influencia que tienen sobre la opinión pública propician, en ocasiones, que se aceleren estos procesos y se finalicen lo antes posible. Como muestra un botón: la aparición de nuestro despacho en medios de comunicación en un conocido caso en Castilla y León (todavía sin finalizar) propició que el SACYL implantara un plan de mejora en las listas de espera, la creación de comisiones de planificación, contratación de nuevos profesionales y la reactivación de centros privados, ascendiendo el coste del plan a doce millones de euros, conllevando la contratación de 146 profesionales, todo ello redunda en beneficio de los pacientes en particular y nuestra sociedad en general.
A través de las exposiciones de los diferentes ponentes asistentes, logramos esbozar un esquema básico para poder ponderar la supremacía de cada derecho fundamental o proteger los diversos intereses en juego en cada caso concreto, pudiendo concluir que si bien el concurso del quinto poder fáctico puede ser “un arma de doble filo”, en ocasiones es el mejor instrumento para defender los derechos de los pacientes.
