INDEMNIZACIÓN DE 32.000 EUROS POR DAÑOS EN UN ACTO MÉDICO APARENTEMENTE INOCUO O POCO RELEVANTE

enero 27, 2014

Lex Abogacía planteó una reclamación de responsabilidad patrimonial en vía administrativa por el caso de un cliente que sufrió lesiones en un brazo tras un acto de enfermería, consistente en el suministro de medicación por vía intravenosa. El personal sanitario no guardó las medidas de asepsia adecuadas y se originó un proceso infeccioso que originó un prolongado periodo de baja y problemas de movilidad. Lex Abogacía puso de manifiesto que el paciente no había sido adecuadamente informado de ese riesgo, que la zona donde se inyectó el medicamento no había sido previamente desinfectada y que se tardó más tiempo del adecuado en tratar la lesión. La Inspección Médica reconoció la mala praxis y, finalmente, se indemnizó al cliente en la cantidad de 32.000 Euros.

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EL CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA UNA CIRUGÍA CONCRETA NO SIRVE PARA UNA CIRUGÍA POSTERIOR DIFERENTE: INDEMNIZACIÓN DE 114.000 EUROS

enero 10, 2014

Lex Abogacía ha cerrado un acuerdo indemnizatorio de 114.000 Euros tras presentar la correspondiente reclamación de responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de los servicios sanitarios públcios. El proceso de reclamación se inició fundamentalmente porque nuestra cliente sufrió daños en las extremidades tras someterse a una operación de hernia discal.  La paciente autorizó una primera intervención pero durante la intervención, el cirujano optó unilateralmente por realizar en el mismo acto una ampliación de la primera intervención, para lo que nuestra cliente no había sido informada ni había prestado su consentimiento. Tras el operatorio, la situación clínica de la paciente había empeorado y sufrido un empeoramiento significativo de su estado previo, como reconoció la Inspección Médica que censuró el hecho de que se reinterviniera “in situ”, sustituyendo el médico interviniente la voluntad de la paciente para decidir si ésta quería o no asumir esa segunda cirugía, con sus propios riesgos, complicaciones, alternativas terapéuticas, etc. Esas circunstancias llevaron a que la Administración Sanitaria reconociera la existencia de responsabilidad por un mal funcionamiento de los servicios sanitarios y se haya indemnizado en vía administrativa, evitándose así el proceso judicial.

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DERECHO A INDEMNIZACIÓN POR PERIODOS DE ESPERA INACEPTABLES

diciembre 3, 2013

Como otros tantos aspectos de la sanidad pública, las listas de espera se han visto seriamente afectadas por la crisis económica. Somos testigos del desequilibrio que hay entre oferta y demanda en el sistema ya que la provisión de servicios sanitarios se realiza a través de la administración pública con universalidad y gratuidad. Se ha provocado un vertiginoso aumento de los plazos para ser intervenido y de la bolsa de pacientes en espera, en parte provocado por  la reducción de los conciertos con la sanidad privada.  Por lo tanto, se percibe con claridad que las listas de espera son, por ende, uno de los grandes retos de nuestro sistema de salud. El resultado inevitable de todo ello es la insatisfacción entre los usuarios cuando se producen serios atascos que sacan a relucir los principales cuellos de botella de índole organizativo. Hay un dato particularmente indicativo del deterioro progresivo de esta situación, que no es otro que la cifra de ciudadanos que llevan más de seis meses esperando para pasar por el quirófano. En este sentido, es interesante sacar a relucir el caso de un hombre que en vista de los plazos que le daba el Hospital para operarse, y sobre todo movido por la gravedad del asunto decidió acudir a la asistencia sanitaria privada. Pasaron casi siete meses de riesgo de muerte súbita sin que la sanidad pública hubiese tomado una decisión sobre la operación. Por ello, tras ser operado decidió dar comienzo a un proceso de reclamaciones porque entendía que debía recibir una indemnización desde el sistema público por una  urgencia vital en su enfermedad que no fue atendida. A día de hoy le han dado la razón. El resultado de tal victoria se materializa en una indemnización que engloba tanto el coste económico de la operación en la clínica privada como los intereses legales desde la primera reclamación en vía administrativa. En estos momentos está previsto que un nuevo Real Decreto establezca prioridades y unifique los criterios clínicos que las comunidades autónomas deben seguir, pero mientras sistemas de priorización de pacientes en espera como el presentado por el Catsalut para cirugía programada, es un paso en la dirección correcta pues se asignan criterios y pesos comunes. En conclusión, la existencia de listas de espera de meses e incluso años significa la pérdida de la efectividad del derecho a la protección de la salud, poniendo las demoras en peligro la vida y  agravando las situaciones clínicas. Para frenar este problema y reducir el alto muro de opacidad que le rodea, se  precisa de: un sistema de información sobre las listas de espera y garantías legales que sea de fácil acceso, público, transparente y comparable;  registros centralizados en todos los casos; agendas cerradas y el establecimiento de tiempos máximos creíbles y garantizados.

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