ESTIMACIÓN ÍNTEGRA DE LA DEMANDA, MÁS INTERESES Y COSTAS, POR DAÑOS DERIVADOS DE UNA RINOPLASTIA, LO QUE SUPONE UNA INDEMNIZACIÓN DE MÁS DE 100.000 € PARA UNA CLIENTE DE LEX ABOGACÍA.

julio 11, 2019

La paciente acudió a una clínica estética para someterse a un tratamiento que mejorara el aspecto de su nariz. Allí, fue asistida por el cirujano que posteriormente sería demandado, quien le recomendó someterse una rinoplastia cerrada. Desde el postoperatorio más inmediato nuestra cliente fue consciente de que la cirugía no había salido bien, encontrándose su nariz gravemente dañada, con hundimientos, marcadas cicatrices y excesivamente corta. El cirujano achacó el resultado una ulceración causada por la escayola que la paciente portó tras la operación. Ante esta situación, con la ayuda de los peritos especialistas en Cirugía Estética, Plástica y Reparadora y psicología forense, interpusimos demanda ante el Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Madrid, en reclamación de una indemnización de daños y perjuicios frente a al facultativo responsable y su compañía aseguradora de responsabilidad civil profesional. Durante el juicio, acreditamos que a pesar de que la técnica quirúrgica estaba correctamente indicada, los daños no derivaban de las escayola sino de una ejecución negligente de la cirugía, causando a la paciente un triple perjuicio a nivel estético, funcional y psicológico.  Su Señoría, acogiendo íntegramente nuestros argumentos y pretensiones, señaló en su sentencia: “Por tanto atendiendo a los informes periciales (….) de manera contundente y rotunda y en consonancia con las fotografías aportadas sobre el estado de la paciente antes y después de someterse a la intervención, que efectivamente la técnica quirúrgica empleada era la indicada, pero fue mal ejecutada, resecando más tejidos de los necesarios. Como consecuencia de esta mala praxis se han obtenido los resultados ajenos a los objetivos perseguidos, causando una serie de lesiones tanto físicas (insuficiencia ventilatoria derecha) como psíquicas (un trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido) además de un importante perjuicio estético (nariz recortada, asimétrica, con cicatrices y gibas). Entienden los peritos que para intentar revestir esta situación sería necesario realizar nuevas y costosas intervenciones quirúrgicas y sin completa garantía de éxito. Precisa el perito de la actora que se ha producido prácticamente una amputación nasal, llevándose a cabo una cirugía agresiva” […] Conforme a lo expuesto procede estimar íntegramente en la formulada y condenar a la parte demanda a abonar a la parte actora la cantidad total reclamada, más los intereses devengados de acuerdo con el artículo 20 de la LCS desde la intervención respecto de la aseguradora codemandada, quien no ha consignado siquiera el importe mínimo que estimaba procedente de prosperar la reclamación” Por lo anterior, se reconoce el derecho de nuestra cliente a ser indemnizada con 69.880,30€ más la imposición de los intereses del art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro, desde la fecha de siniestro, a la compañía aseguradora y los intereses legales al facultativo codemandado, lo que en su conjunto superará los 100.000 €, además de las costas judiciales.

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EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD CONCEDE UNA INDEMNIZACIÓN DE 30.000 EUROS POR AUSENCIA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO A UNA CLIENTE DE LEX ABOGACÍA

julio 2, 2019

Además del labio leporino de nacimiento, nuestra cliente presentaba una mala oclusión de su dentadura denominada mordida cruzada, (cuando uno o más dientes de la arcada superior ocluyen por dentro de la arcada inferior). Como quiera que la mordida cruzada se agrava con el tiempo y de manera paralela afectaba a su lesión de base y le irrogaba importantes molestias, acudió al Servicio Murciano de Salud, donde le indican una intervención que consistía en avanzar la mandíbula superior. Sin dar muchos detalles respecto al tipo de intervención ni los riesgos inherentes a la misma, el facultativo del Hospital Virgen de Arrixaca le indicó que era una operación que hacía muy frecuentemente y que no se preocupase en absoluto, sin embargo la operación no solo solventó su problema inicial, sino que determinó la aparición de una fisura alveolar y otras complicaciones que precisaron de nuevas intervenciones adicionales. En ningún momento se procedió a informar al paciente en qué consistía la cirugía, los riesgos, las complicaciones y/o alternativas al tratamiento quirúrgico por parte del Servicio Murciano de Salud, tal y como quedó acreditado en el proceso administrativo. El consentimiento informado debe contar con varios requisitos esenciales sin los cuáles pierde su razón de ser: la información debe ser previa a la intervención, completa, exhaustiva, comprensible, clara, personalizada y adaptada a las circunstancias. El fin primordial es que la persona pueda decidir libremente si asume los riesgos inherentes a la intervención a la cuál va a ser sometido. Es evidente que toda intervención abre un espacio de riesgos, precisamente por esto el facultativo ha de contar con la aceptación del paciente, la cual consiste en su consentimiento basado en la información completa de los riesgos posibles, lo que significa que el paciente está dispuesto a soportar el eventual daño, es decir, a asumir el riesgo y sus consecuencias. Sin embargo, cuando el facultativo no informa, tal y como ocurrió en este caso, el paciente no asume, puesto que el médico le  hace plantearse un horizonte sin peligro y sin riesgos. La información al paciente no era un derecho inexistente en la época del inicio del tratamiento prestado a la reclamante. En el momento de los hechos se encontraba plenamente en vigor la Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad. Esta normativa sería aplicable para las intervenciones anteriores al mes de mayo de 2003, como era este caso, momento en el que tras la publicación en el BOE núm. 274 de 15 de Noviembre de 2002, entró en vigor la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Tras un largo proceso administrativo los letrados de LEX ABOGACÍA solicitamos la terminación convencional del proceso administrativo, alcanzando un acuerdo con la Compañía Aseguradora del SERMUSA por el daño moral consistente en la ausencia de consentimiento por la cantidad global de 30.000 euros en favor de nuestra cliente, cifra muy superior a lo que de ordinario se viene concediendo para este tipo de casos.

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