LEX ABOGACÍA CONSIGUE UN ACUERDO INDEMNIZATORIO DE 60.000 EUROS EN FAVOR DE UN TRABAJADOR QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE LABORAL POR UN ERROR DE DIAGNÓSTICO EN SU MUTUA.

diciembre 17, 2018

En noviembre de 2016 nuestro cliente, de profesión operario de la construcción, sufrió un corte en la mano derecha en su centro de trabajo y acudió a la Mutua de su empresa para ser tratado de su dolencia. El especialista que valoró al paciente entendió que no era necesario realizar pruebas diagnósticas que objetivasen el alcance de la lesión e indicó en el informe médico de asistencia que se observaba el “tendón integro sin limitación funcional”. Pasadas dos semanas, el paciente continuaba con importantes dolores y serias limitaciones funcionales y tras acudir a revisión en el centro de su mutua, el especialista que le atendió le dio el alta con juicio diagnóstico de “limitación para la flexión”, sin considerar oportuno nuevamente realizar prueba complementaria alguna, dando de alta al trabajador. Nuestro representado continuó trabajando durante cinco meses a pesar de las limitaciones en su mano derecha, hasta que en abril de 2017 acudió nuevamente de urgencias al hospital de su Mutua, en el meritado centro,  tras hacerle una ecografía de su mano y muñeca derecha se objetivó una “ruptura de tendones flexores de mano y muñeca” Debido al error de diagnóstico y la ausencia de tratamiento durante cinco meses, el paciente tuvo que ser intervenido en cuatro ocasiones y se le generaron unas lesiones de carácter permanente en su mano. Tras iniciar la oportuna reclamación desde Lex Abogacía, con la defensa de nuestros abogados especialistas y bajo el asesoramiento médico de nuestros peritos, logramos cerrar un acuerdo indemnizatorio extrajudicial de 60.000 € con la compañía aseguradora de la Mutua del trabajo de nuestro cliente.

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INDEMNIZACIÓN A UNA CLIENTE DE LEX ABOGACÍA POR DAÑOS NEUROLÓGICOS CAUSADOS DURANTE UN TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO

diciembre 5, 2018

De forma previa a la interposición de la demanda, LEX Abogacía trató de alcanzar un acuerdo extrajudicial con la compañía aseguradora de los odontólogos responsables, desestimando por ésta nuestra propuesta. Así las cosas, con el asesoramiento de un perito especialista, interpusimos una demanda frente a la mercantil y los odontólogos responsables. El procedimiento se sustanció ante el Juzgado de Primera Instancia nº 77 de Madrid y concluyó con una Sentencia en la que se estimaba parcialmente nuestra demanda, dando por acreditado que el tratamiento no fue correctamente programado y que la paciente había sufrido un daño moral al no ser informada de los riesgos a los que se exponía al someterse a las cirugías orales, conforme a los requisitos legal  y jurisprudencialmente establecidos. No obstante, el Juzgador no reconoció en esta primera instancia que la paciente sufriera una lesión neurológica, en particular hipersensibilidad, originada por unos implantes colocados sobre el canal de las ramas mandibulares izquierda y derecha de la paciente. En estas circunstancias, interpusimos recurso de apelación frente a la Sentencia de primera instancia, motivando que Su Señoría había incurrido en un error en la valoración de la prueba, dado que era pacífico para todos los peritos, incluso un testigo perito, que depusieron en sede judicial que la paciente padecía síntomas de afectación neurológica en ambos lados. Además, las imágenes radiológicas mostraban los implantes en mala colocación, de manera que era la causa de la sintomatología descrita. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid,  concluyó que “De los anteriores informes periciales, más los aportados por la actora relativos al testigo-perito Sr. XXXXX, folio 233 de autos, y especialmente la ampliación del informe de los peritos de la demandada Srs. XXXXXX  y Sra. XXXXXXX, folio 274 de autos, se confirma finalmente la existencia de secuelas, consistentes en la afectación leve de la tercera rama de los nervios trigémino izquierdo y derecho, a los que se concede la razonable suma de 7 puntos, de acuerdo con el baremo indemnizatorio, más los 3 puntos por agravamiento depresivo, a partir de la enfermedad neurológica que tiene la apelante, lo que totaliza la suma de 10 puntos en concepto de secuelas funcionales, a la que se suman los 30 días no impeditivos fijados igualmente en el informe, por razón de las consultas externas que justificaba la situación clínica de la demandante”. Resoluciones judiciales como estas ponen de manifiesto que aunque las compañías aseguradoras no quieran alcanzar un acuerdo en determinados casos, no es contrario a que exista un mala praxis y así se demuestre en un proceso judicial.

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LEX ABOGACIA LOGRA UNA INDEMNIZACIÓN DE 500.000 EUROS POR UNA NEGLIGENCIA MÉDICA SUFRIDA TRAS UNA CIRUGIA DE ARTRODESIS LUMBAR, AL NO HABERSE REINTERVENIDO CON URGENCIA

noviembre 5, 2018

Nuestro cliente entró en un centro hospitalario privado para ser operado de una estenosis del canal por presentar dolores lumbares. La intervención transcurrió con normalidad pero en el postoperatorio inmediato el paciente comenzó a sufrir síntomas neurológicos de alarma que fueron infravalorados por el personal médico responsable. El retraso en reintervenir al paciente le provocó importantes secuelas físicas de movilidad, esfínterianas y sensitivas que perjudican de forma grave su calidad de vida. Lex Abogacía, tras no prosperar la negociación extrajudicial, presentó una demanda en reclamación de algo más de 600.000 €, junto con informes periciales de especialistas en neurología y valoración del daño corporal. Nuestra tesis se basaba no sólo en demostrar la deficiente actuación médica brindada por el médico especialista responsable del postoperatorio, también debíamos acreditar las graves secuelas físicas padecidas por nuestro cliente y, especialmente, la pérdida de autonomía sufrida a raíz de las mismas, el daño moral a sus familiares por el trastorno provocado al núcleo familiar y los gastos de asistencia sanitaria futura. Afortunadamente, a raíz de presentar una demanda debidamente fundamentada y argumentada, mediante la intermediación y negociación de nuestros abogados especialistas en Derecho Sanitario, Lex Abogacía ha logrado una indemnización cercana de medio millón de euros que supone un resarcimiento económico por las limitaciones físicas y los gastos de asistencia médica que tiene que afrontar nuestro cliente. El acuerdo indemnizatorio ha sido homologado por el Juzgado de Primera Instancia nº 61 de Madrid. Este acuerdo constituye un paso más en la trayectoria de nuestro despacho en la defensa de los pacientes, quienes debido a una negligencia médica ven afectada de forma grave su calidad de vida y su autonomía personal. Un acuerdo de esta clase, muy cercano a la cuantía solicitada, consigue un resarcimiento económico y evita demoras procesales, trámites, recursos, etc que, en ocasiones, implican que las víctimas de negligencias sanitarias no sea vean compensadas hasta muchos años después de suceder los hechos y sufrir durante toda ese periodo una grave carencia económica.

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EL SERVICIO VASCO DE SALUD CONDENADO A MÁS DE DOSCIENTOS MIL EUROS POR DAÑOS NEUROLOGICOS PROVOCADOS POR UNA INYECCIÓN DE NOLOTIL.

octubre 5, 2018

En noviembre de 2.013 una paciente, de 29 años, sufrió un cólico renal izquierdo para cuyo tratamiento se prescribió, en su Centro de Salud de Galdakao,  Nolotil®, que se administró vía intramuscular en la zona del glúteo derecho. A partir de este acto médico, la paciente sufrió dolor crónico irradiado por el muslo y pierna, pérdida de fuerza, alteración de la marcha y la bipedestación que le dificultaban para realizar las actividades básicas para su vida de diaria. La paciente fue diagnosticada de una neuropatía del nervio ciático en el contexto de un síndrome piramidal y se le reconoció una incapacidad permanente absoluta. Asesorados por peritos especialistas, presentamos reclamación de responsabilidad patrimonial frente a Osakidetza y ante el silencio administrativo, interpusimos recurso contencioso – administrativo. Ya en sede judicial, la Administración demandada alegó que no existía mala praxis porque la posibilidad de dañar el nervio ciático al administrar el fármaco era imprevisible. Además, añadió, que no había causa física que justificara el cuadro clínico. El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) solicitó la designación de un perito judicial que apoyó su tesis. Sin embargo, en el acto del juicio, acreditamos que la lesión del nervio ciático implica, en la práctica, que la inyección se administró incorrectamente, al no estar suficientemente alejada del nervio. Pese a tener en contra el informe de la Inspección Médica de Osakidetza y un perito de designación judicial, el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo nº 3 de Vitoria – Gasteiz en una sólida sentencia, acogió los argumentos de LEX ABOGACÍA y reconoció el derecho de la paciente a percibir una indemnización de 203.203,89 €, más los intereses de demora desde la fecha de presentación de la reclamación. Extractamos parte de la sentencia: “Por ello y sin perjuicio de que pudieran existir determinados resultados de normalidad en pruebas de imagen, resulta coherente que, apuntando a las inyecciones intramusculares en el glúteo como una causa de neuropatía en el nervio ciático, y apareciendo tempranamente dolor en la zona, que se desarrolla y concluye como se ha manifestado, exista una relación entre la inyección y las consecuencias posteriores. Al menos resulta esa relación causal con una probabilidad suficiente, como para que haya de ser la parte demandada la que ponga sobre la mesa los elementos que permitan romper el nexo de causalidad, ante una evolución de la patología y los tratamientos que en atención a criterios de imputabilidad resulta como he dicho, coherente con el resultado. En este sentido, la administración ha pretendido señalar que la RMN realizada en 2015 en el Hospital de Valdecilla mostraba una estructura osteotendinosa y nerviosas simétrica y normal, por lo que cuestiona la causa de la persistencia de la cojera y de la afectación dolorosa, puesto que no considera que exista una base anatómica a la sintomatología. Así lo considera el perito de designación judicial. Sin embargo, no se da una razón del origen del nervió ciático aplanado, coincidiendo los peritos en que esa situación puede causar dolor a una persona y por el tiempo transcurrido el perito de la recurrente, sin ser desmentido en este punto, considera que puede dar lugar a la cronificación del dolor incluso […]

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INDEMNIZACIÓN HISTÓRICA OBTENIDA POR LEX ABOGACIA: UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL EUROS, MÁS INTERESES Y COSTAS.

septiembre 21, 2018

Los hechos objeto del pleito que hoy comentamos se pueden resumir muy brevemente: los profesionales del SCS habían detectado en una prueba diagnóstica durante el embarazo la contaminación por células maternas de la muestra y ello obligaba a cuestionarse radicalmente los resultados obtenidos hasta la fecha que descartaban la terrible enfermedad de Lesch-Nyhan (la misma enfermedad que ya sufría su hermano). Por el contrario, el embarazo de la demandante continuó sin adoptarse cambio alguno, indicándose por la Unidad de Genética Clínica (UGC) que era un feto sano para la patología citada. Las personas con este síndrome carecen o tienen muy poca cantidad de una enzima que el cuerpo necesita para reciclar las purinas. Sin ésta se acumulan en el cuerpo niveles anormalmente altos de ácido úrico. Los pacientes con Lesch-Nyhan padecen habitualmente retraso del desarrollo psicomotor seguido de movimientos anormales y aumento de los reflejos. Un rasgo llamativo del síndrome de Lesch-Nyhan es el comportamiento autolesivo, lo que incluye morderse las yemas de los dedos y los labios, así como agresividad frente a terceras personas, por lo que deben permanecer medicados y atados gran parte del día. Más allá de las consideraciones judiciales sobre el nacimiento de la responsabilidad patrimonial, los requisitos para que pueda revocarse una sentencia, la satisfacción personal y profesional por haber conseguido pronunciamientos judiciales de gran contundencia y relevancia y la constatación de que hay situaciones tan dolorosas que no pueden compensarse jamás (“no hay dinero en el mundo”, en sencilla y acertada expresión del TSJ de Canarias), quiero realizar unas breves consideraciones que, en mi opinión, se derivan de este caso: En primer lugar, el TSJ de Canarias censura a la Administración Sanitaria de esa Comunidad Autónoma por “la falta de sensibilidad en la administración al no contestar siquiera la más que fundada reclamación en vía administrativa”. Esta aseveración, sin duda, ejemplifica las gravísimas carencias en la tramitación de los procesos por responsabilidad patrimonial, donde una reclamación puede alargarse durante años sin que haya consideración alguna a la situación del administrado y/o sus familiares. Tengo la convicción, asentada en la experiencia, de que no siempre esa falta de respuesta en tiempo y forma se explica por la limitación de medios materiales y humanos; hay en ocasiones una voluntad de no agilizar, de no investigar y de dilatar reclamaciones para intentar lograr que el ciudadano desista, que no desee continuar con su legítimo proceso de reclamación. En todas las CCAA. En segundo lugar, el SCS carece de un seguro de responsabilidad civil. Históricamente es una Comunidad Autónoma que ha optado por evitar contratar una póliza para cubrir la actuación de su personal sanitario. La consecuencia: Las indemnizaciones las abona directamente la Administración que, con una inadecuada ponderación del riesgo, suele litigar y recurrir exista o no fundamento. Si la sentencia de segunda instancia confirma la condena (como ha ocurrido en el supuesto que traemos hoy a colación) el perjuicio económico se multiplica y se generan intereses moratorios, costas, etc que las asume nuevamente el contribuyente. Probablemente si las decisiones de este tipo tuviesen un fundamento jurídico y no político el coste para la Administración fuese mucho menor, pero en Canarias no ha […]

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LEX ABOGACÍA LOGRA EL RECONOCIMIENTO DE UNA INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL Y LA CONFIRMACIÓN DE UNA INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA EN SEGUNDA INSTANCIA EN FAVOR DE DOS CLIENTES DEL DESPACHO.

agosto 23, 2018

En el primero de los casos, la trabajadora de profesión administrativa fue diagnosticada de hernia lumbar que cursó desfavorablemente tras la operación de artrodesis a la cual se sometió, determinando una afectación en su capacidad laboral que fue acreedora de una incapacidad permanente total para su profesión habitual en fase administrativa frente al INSS, sin necesidad de acudir a la jurisdicción social. En el segundo caso sin embargo sí fue preciso el concurso de abogados y peritos especialistas en un complejo proceso judicial por incapacidad, que adicionalmente requirió la oposición en segunda instancia respecto al recurso presentado por el INSS. Gracias al trabajo desempeñado por los letrados de LEX ABOGACIA, finalmente el Tribunal Superior de Extremadura ha confirmado en julio de 2018 la sentencia de primera instancia en virtud de la cual el trabajador fue declarada afecto a una Incapacidad Permanente Absoluta a consecuencia de un cuadro pluripatológico de Rotura del labrum anteroinferior. Lesión de Hill Sach con edema óseo. Luxación traumática hombro derecho Tendinosis del supraespinoso distal y del infraespinoso, situación de salud que suponía un riesgo cierto para la integridad física del trabajador (oficial maquinista conductor) y la de sus compañeros. Consideramos que es de elemental justicia el reconocimiento del grado de incapacidad o contingencia adecuada para aquellos trabajadores que han desempeñado en todo momento su labor profesional y que por determinados incidentes se ven inhabilitados para ejercer su trabajo.

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ACUERDO DE 100.000 EUROS CON LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DE UN GRUPO DE HOSPITALES PRIVADOS POR EL FALLECIMIENTO DE UN PACIENTE QUE TRAS REALIZARLE UNA PUNCIÓN DE MÉDULA OSEA SE LESIONÓ UNA ARTERIA

julio 6, 2018

Realizaron una punción de médula ósea al paciente en una clínica privada, en esta intervención se lesionó una arteria de la zona de la punción que no se detectó de forma intraoperatoria, provocando un sangrado activo al paciente. El paciente acudió al servicio de urgencias que ofrecía su cobertura sanitaria al día siguiente de la intervención con un importante hematoma y dolor en la zona de la punción. Tras recibir el alta médica en la misma fecha y al persistir la sintomatología dolorosa volvió a las urgencias hospitalarias tres días después y los resultados de la analítica realizada al paciente evidenciaron una importante anemízación. El centro hospitalario recomendó el alta médica pero el paciente insistió en permanecer ingresado para controlar el dolor y cursaron su ingreso a otro centro de su cobertura sanitaria. El paciente permaneció ingresado en el centro hospitalario pero pese al tratamiento indicado por los facultativos del centro que consistía en transfundir sangre al paciente, se produjo un retraso en la detección del sangrado activo porque desconocían el origen del mismo, al no realizar al paciente estudios de imagen como angiografía o arteriografía para poder identificar el punto de sangrado y  sellar la hemorragia. Asimismo, no se retiró el tratamiento antiagregante del paciente (ADIRO) hasta pasados quince días del primer ingreso, tratamiento que debería haberse suspendido en un paciente con un importante hematoma y sangrado activo que lamentablemente contribuyó significativamente al deterioro del enfermo. La situación clínica del paciente se deterioró de manera irreversible y hasta pasadas tres semanas de su ingreso no se derivó al paciente a un hospital que disponía de radiología intervencionista para identificar el punto del sangrado activo y embolizar la hemorragia. Pese a la intervención el paciente no pudo superar su cuadro clínico y falleció. Estos hechos motivaron que LEX Abogacía presentará una Demanda frente a la compañía aseguradora de los complejos hospitalarios intervinientes. En el seno de este proceso, el despacho realizó las gestiones oportunas para alcanzar un acuerdo indemnizatorio.

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LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE MADRID INDEMNIZA A UNA CLIENTE DE LEX ABOGACIA CON 38.000 EUROS POR INFECCIÓN SECUNDARIA A DEJAR UN FRAGMENTO DE DESTORNILLADOR EN LA RODILLA DE LA PACIENTE.

junio 14, 2018

LEX ABOGACÍA interpuso Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por la actuación sanitaria dispensada a nuestra cliente en el Hospital San Camilo, tras la oportuna tramitación administrativa y presentación de las alegaciones en defensa de los intereses encomendados, se estimó parcialmente la reclamación formulada. La reclamante, de 26 años de edad, fue operada por un accidente de tráfico en el Hospital San Camilo con cargo al Servicio Madrileño de Salud, con caída al frenar desde una moto, diagnosticándole “esguince rodilla izquierda grado II”, en esta operación se rompió un destornillador y se dejó en la rodilla, sin informar a la paciente ni establecer un seguimiento. Con el tiempo la paciente empezó a sufrir cuadros infecciosos sugestivos de edema y osteomielitis secundarios a la presencia de este material, precisando una nueva reintervención y sufriendo un periodo de baja laboral. La doctora que le realizó la operación manipuló el historial clínico añadiendo la expresión “se rompió el destornillador” al informe de alta del expediente, puesto que en el informe de alta que entregó a la paciente coetáneamente no aparecía esta mención, y tampoco se estableció un seguimiento, si como alegó posteriormente esta facultativa en el seno del proceso administrativo, el fragmento se había dejado como “alternativa quirúrgica”. Todo lo anterior, evidencia que la actuación de los servicios médicos del Hospital San Camilo, no fue conforme a criterios de lex artis, puesto que, aunque ciertamente la infección profunda es una de las posibles complicaciones de la operación y como tal aparece reflejada en el consentimiento informado que fue oportunamente firmado por la reclamante antes de tal intervención quirúrgica, si el facultativo interviniente decidió dejar el fragmento metálico en el interior de la tibia de la reclamante, debió hacer un seguimiento a más largo plazo para localizar la posible complicación – finalmente materializada- de manera temprana. En atención a los argumentos esgrimidos por LEX ABOGACIA, finalmente se indemnizó a la paciente en un importe de 38.000 euros

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ACUERDO DE 190.000 EUROS CON LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DE UN SERVICIO AUTONÓMICO DE SALUD POR EL FALLECIMIENTO DE UN PACIENTE AL CAUSARLE UNA HEMORRAGIA AL INTENTAR RECOLOCAR UNA SONDA NASOGASTRICA.

mayo 22, 2018

El paciente ingresó en un hospital adscrito a la red pública sanitaria a fin de ser intervenido para la extirpación de un tumor cerebral benigno, un craneofaringioma, por vía transfenoidal. La cirugía se llevó a cabo sin incidencias pero en el trascurso del postoperatorio se presentó una complicación, se trataba una fístula de líquido cefalorraquídeo que requirió de una segunda intervención reparadora para cerrar la lesión mediante la colocación de colgajo. Con el paciente ya estabilizado y siguiendo una evolución favorable, en el contexto de una retirada accidental de la sonda nasogástrica y posterior intento de recolocación se causó al paciente una lesión vascular con sangrado profuso nasal y, posteriormente, una midriasis arreactiva izquierda (Dilatación anormal de la pupila con inmovilidad del iris), signo altamente sugestivo de daño en el nervio craneal por traumatismo. Pese a que se trasladó de inmediato al paciente a quirófano, su estado era muy grave y la situación irreversible, lo que condujo a su desgraciado fallecimiento. Estos hechos motivaron que LEX Abogacía presentara una Reclamación de Responsabilidad Patrimonial frente a la Administración Sanitaria responsable, en representación de la esposa e hijos del paciente y  bajo las indicaciones de peritos especialistas en la materia. En el seno de este proceso, el despacho realizó las gestiones oportunas para alcanzar un acuerdo indemnizatorio para nuestros clientes antes de que la Consejería de Sanidad emitiera una resolución expresa, consiguiendo así que fueran indemnizados en un menor tiempo y sin tener que atravesar un proceso judicial.

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INDEMNIZACIÓN DE 60.000 EUROS POR UN DEFICIENTE MANEJO DEL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE EN UN HOSPITAL PÚBLICO

abril 10, 2018

La paciente de 76 años presentaba obesidad, linfedema crónico y Fibrilación Auricular (FA) por lo que estaba en tratamiento anticoagulante con Enoxaparina. Pese a estos antecedentes, el deficiente control de la anticoagulación y el retraso en la asistencia del médico de guardia que fue avisado hasta en tres ocasiones, fueron los desencadenantes de una hemorragia interna que resultó irreversible y que produjo el fallecimiento de la paciente por un Shock Hipovolémico. Los hechos se expusieron ante el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), valorándose por la propia Administración (tras una investigación de varios meses) como una conducta susceptible de ser considerada una negligencia médica. Aunque el criterio  inicial pretendido por el SERMAS fue poner la atención del caso en el estado del deterioro previo de la paciente logramos argumentar médica, jurídica y estadísticamente que, de haberse actuado correctamente, las patologías de base no hubieran implicado necesariamente el fallecimiento de la madre de nuestros clientes. En este caso se aplicó la doctrina de la pérdida de la oportunidad, que se caracteriza por la incertidumbre acerca de que la actuación médica omitida pudiera haber evitado o mejorado el deficiente estado de salud del paciente, con la consecuente entrada en juego a la hora de valorar el daño así causado de dos elementos o sumandos de difícil concreción, como son el grado de probabilidad de que dicha actuación hubiera producido el efecto beneficioso, y el grado, entidad o alcance de éste mismo”. Esta teoría fue de aplicación a este supuesto ya que con la negligente actuación del personal médico se le negó a la paciente cualquier expectativa de curación y esas circunstancias deben indemnizarse. Tras iniciar la oportuna reclamación administrativa desde Lex Abogacia, con la defensa de nuestros abogados especialistas y bajo el asesoramiento médico de nuestros peritos, logramos cerrar un acuerdo indemnizatorio extrajudicial que compensara los daños provocados a sus herederos, evitara un proceso judicial y, finalmente, lograra el reconocimiento claro de una negligencia.

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